En los seis Centros Estatales de Reinserción Social que se tienen el Estado de San Luis Potosí, en donde se concentran 104 mujeres internas se impulsan actividades formativas, de salud, educativas, deportivas y de hábitos de trabajo para logar una real reinserción social informó el General Arturo Gutiérrez García, Secretario de Seguridad Pública del Estado, quien estacó que se llevan a cabo programas y acciones encaminados a mejorar el sistema e infraestructura penitenciaria con enfoque de género.
Respecto a las observaciones hechas por organismos de Derechos Humanos por la falta de áreas de nuevo ingreso, Centros de Observación y Clasificación de Locutorios y una situación de desigualdad en los espacios para mujeres privadas de su libertad, señaló que se trabaja para contar con instalaciones adecuadas y garantizar espacios sin discriminación por lo que se buscan recursos para poder hacer los cambios necesarios.
Mencionó que en los inmuebles asignados para las mujeres internas están separados del área varonil y no hay sobrepoblación; se tiene una capacidad para 226 mujeres y a la fecha la ocupación es de 104, distribuidas de la siguiente manera: 58 en el penal de la capital de San Luis Potosí; 13 en Rioverde, 10 en Matehuala, 15 en Ciudad Valles, 3 en Tancanhuitz y 5 en Tamazunchale.
También, se fomenta entre la población interna el cursar su educación básica y media superior, así como capacitarse a través de talleres y certificación laboral, acciones en las cuales los Centros Estatales de Reinserción Social colaboran con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Capacitación para el Trabajo, entre otras instituciones, para garantizar que las internas cuenten con habilidades y destrezas necesarias para su vida en libertad.
De igual manera, el área femenil cuenta con instalaciones apropiadas para la atención médica, pedagogía, deportivas y laborales, cocina y para visita conyugal.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social cumple con la implementación de la estrategia de seguridad pública orientada por dos criterios transversales y prioritarios: el respeto y protección de los derechos humanos y la perspectiva de género.