Con el propósito de crear una Defensoría de Mujeres Víctimas de Violencia, al interior de la Defensoría Social, la legisladora María del Rosario Sánchez Olivares, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de la Defensoría Social y de Oficio para el Estado de San Luis Potosí.

Se indica que para el funcionamiento idóneo en sus actividades, estará asignado un defensor de oficio a cada uno de los Centros de Justicia para Mujeres que existan en el Estado de San Luis Potosí, quienes dependerán directamente de la Dirección de Defensoría de Mujeres Víctimas de Violencia.

En su exposición de motivos, la diputada manifiesta que la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones más claras de desigualdad, desventaja social, y subordinación física ante el género masculino. 

“Un puntual ejemplo de violencia contra las mujeres en nuestro estado es la domestica, que por sus características es muy palpable al interior de muchas comunidades, en muchas situaciones se realizan bajo los influjos del alcohol o de una droga; otra característica de este tipo de violencia son las condiciones de desventaja social en la que se encuentran”.

Agrega que la tarea como Congreso del Estado es coadyuvar para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas; “porque además de atentar contra su sano desarrollo físico y mental, representa una grave violación a sus derechos humanos y además restringe la construcción de una sociedad tranquila, incluyente y justa”.

“San Luis potosí no es ajeno ante la creciente violencia contra las mujeres, hoy desde el gobierno del estado se está trabajando en políticas públicas que inhiban o disminuyan esta problemática social, actualmente existen centros de Justicia para Mujeres en la capital, Rioverde y Matlapa. Como Poder Legislativo debemos sumarnos a los esfuerzos que se están realizando por parte de la sociedad civil y el Gobierno Estatal para combatir y erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

Reitera que por ello, es ineludible concretar acciones que abonen a la prevención y extinción de la violencia contra las mujeres, y  generar los mecanismos que permitan que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder con más rapidez a los mecanismos de defensa que señala nuestra legislación.

La iniciativa se encuentra en análisis al interior de las comisiones de Justicia; y Derechos Humanos, Igualdad y Género.