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• La proporción de adjudicaciones directas y la presencia de contratistas consentidos, confirma que estos seis años serán tiempo perdido en combate a la corrupción.

• La ley espera ser cumplida, sin pretextos ni salidas victimizantes. Lo que está en juego es el extravío del país y la consolidación de un régimen de abuso y autoritarismo.

La diputada Josefina Salazar Báez, dijo en su comparecencia, a la Secretaria de la Función Pública, Irma Erendida Sandoval Ballesteros, que a los mexicanos les ha quedado claro que este gobierno es reacio a la rendición de cuentas y a los controles democráticos, y el presidente de la República, esconde la suciedad de su gobierno debajo de un tapete.

Indicó que en estos últimos meses los ciudadanos han sido testigos de una reconcentración de poder en manos del Ejecutivo como no se había verificado en la historia reciente y México puede declarar oficialmente muerto su proceso de consolidación de la democracia. “La historia será muy clara al señalar el 2018 como el año que inició la regresión autoritaria”; indicó.

Explicó que el presidente no tiene patente de impunidad para violentar sus obligaciones y responsabilidades como servidor público. “Ya basta de que se ocupe la presidencia para censurar, estigmatizar y atacar a quien no comparta las ideas de su jefe y encubrir a sus aliados. Está Usted obligada a actuar en consecuencia”; exigió a Sandoval Ballesteros.

Le advirtió que en la reciente Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero, se identificó como un riesgo de corrupción de la mayor categoría la realización de operaciones, compras públicas y contrataciones, en relación con el Covid.

“Al respecto hemos visto en los medios de comunicación, algunos casos que confirman esta circunstancia. En el Covid aplica el dicho de que a río revuelto ganancia de proveedores y compradores afines del gobierno”; apuntó.

Destacó que ha dos años desde que inició el gobierno los mexicanos no han visto una sola sanción, una sola denuncia penal, un solo centavo recuperado de dichos actos de eminente corrupción; lo que aseguró solo confirma lo que siempre se ha sabido; “El Nuevo Aeropuerto se canceló por capricho del Ejecutivo y los costos han sido para la economía nacional y las familias mexicanas”.

Le recordó que hace un año, que compareció ante el Congreso, le exigieron las y los diputados que se investigara el impresionante enriquecimiento de Manuel Bartlett; “No solamente no hizo usted nada y no esclareció el origen de esa fortuna, sino que la avaló con justificaciones insípidas”; le reclamó.

Pero además, le recordó que se dieron a conocer anomalías serias en la verificación de su desempeño patrimonial, con lo que quedó mermada ante la opinión pública su aptitud para seguir al frente de la Secretaría de la Función Pública.

“Después de conocer el tenor del nuevo gobierno hace dos años supimos que, en materia de combate a la corrupción, no se iba a llegar muy lejos. Hoy lo confirmamos. No tenemos mayor expectativa. Sin embargo, debemos cumplir con nuestro deber de denunciar que, en esta materia, como en muchas otras, este gobierno vive en un extravío constante”.