• La administración asumió esta acción como medida inmediata para garantizar la salud de la ciudadanía y no afectar el patrimonio de las y los maestros potosinos.
• Actualmente se ha cubierto el 50% de dichos créditos.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, tuvo que recurrir al financiamiento mediante dos créditos a corto plazo que en suma importan 1 mil 300 mdp, los cuales quedarán cubiertos en su totalidad como lo marca la Ley de Disciplina Financiera en el mes de junio del presente año, a la fecha se ha realizado el pago del 50 por ciento y no se prevé la adquisición de nuevos créditos.

La Secretaría de Finanzas informó que, con el fin de enfrentar parte del gasto extraordinario generado por la contingencia sanitaria, así como para cubrir adeudos del sector educativo, la administración asumió esta acción como medida inmediata para garantizar la salud de la ciudadanía y no afectar el patrimonio de las y los maestros potosinos.

Debido a la reducción de ingresos, el Gobierno del Estado solicitó al H. Congreso del Estado la autorización para reestructurar los tres principales créditos de deuda pública, misma que no ha prosperado a la fecha. Ello obligó a realizar una reestructura que no implicó la aprobación del Congreso, en la cual se difirió el pago durante 4 meses del 95 por ciento de los intereses devengados de los dos principales créditos de deuda.

Con tal motivo, y aunado a la expectativa de apoyos extraordinarios por parte de la federación que no se concretaron al cierre del ejercicio, se tuvo que recurrir al financiamiento mediante dos créditos a corto plazo que en suma importan 1 mil 300 mdp, a fin de enfrentar parte del gasto extraordinario generado por la contingencia sanitaria, así como para cubrir adeudos del sector educativo.

Asimismo, se contempla seguir avanzando en la solicitud de la desincorporación de activos estatales, como vía para impulsar el saneamiento de las finanzas en este último año de la administración local, además de acciones de contención del gasto corriente, reducción del gasto en nómina, reorientación del gasto de inversión, reforzamiento de la recaudación local y gestiones extraordinarias en materia de recursos federales y locales.