El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y

Seguro, también conocido como #28S, una fecha crucial para los movimientos feministas y

defensores de los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. Pese a que la lucha

por la autodeterminación sexual y reproductiva de las mujeres en México tiene su origen

desde la segunda ola del feminismo en 1970, ésta jornada (#28S) nació en 1990, durante el

V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina, con el objetivo de

visibilizar la lucha por la legalización del aborto, un derecho clave para garantizar la

autonomía de las mujeres y evitar muertes derivadas de abortos clandestinos.

El #28S se ha consolidado como un día de acción para exigir el acceso universal al aborto

legal, seguro y gratuito, denunciando las barreras sociales, económicas y jurídicas que aún

existen en muchos países. En México, ha tomado especial relevancia debido a los recientes

avances en al menos 18 estados de la República, mientras que en otros, como San Luis

Potosí, la lucha por la despenalización sigue vigente.

Hoy es momento de que el Congreso del Estado cumpla con su responsabilidad y legisle a

favor del aborto legal, saldando así una deuda histórica con las potosinas que han luchado

por más de 20 años por el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sus proyectos de vida y su

autonomía:

El 28 de agosto del 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la

despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación es constitucional, y el

Congreso del Estado de San Luis Potosí, en luar de atender dicha resolución, cedió a la

estrategia orquestada por grupos católicos conservadores para reformar el artículo 16 de la

Constitución el 21 de mayo de 2009, acción con la que condenaron a las mujeres potosinas

a 15 años de vulneración y clandestinidad.

Más recientemente, el 22 de mayo del 2023, la Colectiva ILE presentó una queja ante

Comisión Estatal de Derechos Humanos por la omisión del Congreso del Estado en acatar

las recomendaciones internacionales en materia de la interrupción legal del embarazo y en

observar los criterios de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en

diversos juicios que han sentado precedentes y jurisprudencia.

El 1 junio de 2023, la Colectiva ILE presentó una iniciativa de reformar los artículos 148, 149

y 150 del Código Penal local. Así como la adición del artículo 148 BIS del Código Penal que

aborda el tema del aborto forzado y los artículos 58 BIS y 58 TER de la Ley de Salud

Estatal. También se presentó una propuesta para que las y los diputados reformen el

artículo 16 de la Constitución local que establece la protección de la vida desde la

concepción, asunto que ya fue declarado inconstitucional en otras entidades.

El 12 de septiembre de 2023 Colectiva ILE dio a conocer la promoción de 8 juicios de

amparo individuales para lograr que las mujeres demandantes ya no sean sujetas a laspenas impuestas por el Código Penal y la Constitución local dentro de las primeras 12

semanas de embarazo.

El 13 de junio del 2024 Colectiva ILE promovió un juicio de amparo colectivo para la

despenalización del aborto representando a todas mujeres y personas gestante del estado.

Se demandó al Congreso y Gobierno del Estado a través de una asociación civil enfocada

en derechos de las mujeres (cuyo nombre se mantendrá en anonimato por razones de

seguridad); y, en respuesta, el 23 de septiembre de 2024, el Juzgado Tercero de Distrito del

Noveno Circuito ordenó al Congreso local derogar los artículos que penalizan el aborto en el

Código Penal y en la Constitución locales, reconociendo su carácter inconstitucional. Este

fallo marca un avance significativo en la protección de los derechos sexuales y

reproductivos de las mujeres potosinas.

El 8 de septiembre de 2024, el Frente Marea Verde, con acompañamiento del Grupo de

Información en Reproducción Elegida (GIRE, presentó una iniciativa ciudadana al Congreso

del Estado para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local; mientras que

el 2 de octubre con acompañamiento de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar

(Mexfam), también se presentó una iniciativa para reformar los Artículos 5, 14, 51, 58 y 60

de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.

En ese mismo período de tiempo, el Frente ha buscado acercamientos y se ha reunido con

personas tomadoras de decisiones en los poderes Ejecutivo y Legislativo, buscando su

respaldo para que sean analizadas, dictaminadas, aprobadas e implementadas las reformas

en torno a la despenalización del aborto.

Pese dichos esfuerzos de las mujeres organizadas, entre 2015 y 2024, las legislaturas

locales en funciones rechazaron, desecharon u omitieron dictaminar iniciativas de reforma

presentadas por diversas colectivas con la intención de despenalizar la interrupción del

embarazo hasta las 12 semanas de gestación y generar políticas públicas que permitan a

las mujeres potosinas acceder plenamente a sus derechos sexuales y reproductivos.

Aquellos diputados y diputadas nos han negado u obstaculizado reiteradamente el acceso

esos derechos, pero hoy la LXIV Legislatura tiene la oportunidad de adoptar una postura

garantista y de demostrar su compromiso con las mujeres y personas gestantes potosinas,

permitiéndonos decidir libremente si queremos ser madres o no.

Un Congreso verdaderamente progresista es aquel que reconoce que sólo nosotras

debemos tener el poder de decidir sobre nuestra maternidad. Aquel que respalda nuestra

decisión de cuándo sí y cuándo no maternar. Sobre todo, aquel que nos garantiza los

servicios de salud sexual y reproductiva.

Es el momento de avanzar hacia la justicia reproductiva en San Luis Potosí