En las regiones más necesitadas de México, antes de diseñar políticas que pueden contribuir al bienestar, aunque sean asistencialistas o de subsidio para aliviar la pobreza, hay que tener en cuenta que, para transformar un territorio, se requiere lograr acción colectiva; es decir, que la comunidad ayude y participe en la solución de los problemas públicos, consideró David Morales González.

El coordinador de Estudios de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, señaló que en esos y otros casos se necesita comunicación efectiva y evaluaciones previas a implementar una política, programa o propuesta, a fin de saber si la gente está dispuesta a adoptar esas medidas, como puede ser la construcción de infraestructura. De esa manera, además, se ahorraríanrecursos y se evitarían cancelaciones de obras, por ejemplo.

Hay que tomar en cuenta a los actores relacionados, los factores sociales, económicos, incluso el religioso. Para conocer la opinión y aplicar modelos de evaluación ex ante se pueden emplear herramientas modernas, como la inteligencia artificial, precisó el académico.

Sin embargo, en el país hemos desaprovechado las evaluaciones cualitativas, cuantitativas y de impacto de los proyectos que pudieron haber brindado información para la toma de decisiones, subrayó David Morales.

Con la actuación colectiva, dijo, participamos en las decisiones con el conjunto ciudadano. “En un cogobierno la acción es comunitaria, y la planeación y el presupuesto son participativos. Ahí hay niveles de involucramiento que evidentemente abonan a la calidad de la democracia”.

En ese sentido, el doctor en Estudios Sociales y experto en Desarrollo Local resaltó que en México hay casos exitosos como las comunidades indígenas que funcionan con usos y costumbres. Organizadas como una colectividad, un gobierno comunitario, trabajan con una meta específica, por ejemplo gestionar un bien común, como un bosque de anidación de mariposas monarca.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 421 municipios se eligió a los presidentes municipales a través del régimen de usos y costumbres.

La mayoría –detalló el universitario– plantea como principio, y casi desde su surgimiento, la acción colectiva como un valor democrático para alcanzar sus metas.

No obstante, añadió, fuera de esas localidades vivimos en una sociedad marcada por el individualismo, donde intentamos satisfacer nuestras necesidades o alcanzar objetivos propios, y dejamos de lado el tema de cómo actuar con otros, en comunidad.

En nuestra nación –abundó– somos una economía de mercado, capitalista, y hay pocos esquemas de funcionamiento que promuevan la colectividad.

Esa tarea consiste en sumar intereses de distintos individuos que comparten un propósito y logran trabajar por ese objetivo común, que puede ser la prosperidad de su población. Su fin último es generar “lo que algunos autores llaman utilidad social; es decir, un valor público”.

En una comunidad indígena, donde tienen reglas no escritas que todos aceptan, se limita la conducta. En contraste, en una sociedad de mercado priva el comportamiento humano individual, que por naturaleza es egoísta (como proponen teóricos como Thomas Hobbes y Max Weber) e ilimitada. Es ahí cuando sucede la concentración de la riqueza y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Ejemplo de ello son las pesquerías de acceso libre donde los pescadores con pocas herramientas e infraestructura no pueden competir con las grandes empresas, y sus embarcaciones que extraen en exceso ponen en riesgo la supervivencia de las comunidades y la de las especies.

Ahí resalta la importancia del desarrollo institucional para el trabajo en conjunto: si se crea una cooperativa de 100 y solicitan fondos y créditos para la compra de equipo y nuevas naves, se fortalece su actividad y tendrán posibilidad de enfrentar a las compañías para que la competencia no sea tan desigual.

Economistas, sociólogos y teóricos han identificado también a quienes no participan, los que dicen: “de todas maneras si voy o no a una protesta de defensa del ecosistema, voy a tener una ganancia si los que sí se manifiestan ganan algo”. Esos individuos conocidos como free rider, o sea “polizón” o “gorrón”, obtendrán beneficios porque, por ejemplo, la democracia o el ambiente son bienes comunes.

David Morales planteó que el reto de los esquemas de acción colectiva para el progreso es evitar que haya esos personajes, es decir, quienes obtienen beneficios sin participar o actuando por fuera de las reglas. Se trata de que lo hagan y así alcanzar la meta propuesta, ya sea tener mejor calidad de vida o conservar un recurso natural.

Estos modelos, reconoció, funcionan mejor en comunidades pequeñas más que a escala nacional o estatal, tampoco en las grandes ciudades. Pero sí a nivel vecinal, barrial, de colonia o manzana. En grupos reducidos es más fácil que haya un acuerdo, establecer “reglas del juego” mínimas para la gestión comunitaria y entonces actuar en consecuencia.