El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización precisó que las observaciones al organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS), en la cuenta del ejercicio fiscal 2023, por más de 93 millones de pesos no son simplemente un asunto de irregularidades administrativas, sino que son un síntoma claro y contundente de un modelo fallido que ha minado la confianza ciudadana y que ha comprometido un recurso vital para la población.
Resaltó que la magnitud de estas observaciones, no es un hecho aislado, sino que revela una estructura que carece de la transparencia y eficiencia necesaria para garantizar un servicio de agua potable digno y sostenible para la población.
“Este no es un problema de gestión aislada, hay que señalarlo, sino de una estructura que se ha mostrado incapaz de rendir cuentas y de administrar los recursos de manera responsable, y por ello, la persistencia de estas irregularidades que alcanzan cifras alarmantes demuestra que los esfuerzos por reformar o reestructurar al INTERAPAS hoy más que nunca tienen vigencia”.
Reiteró que la solución viable para mejorar el servicio de agua potable a la población del Ayuntamiento de la Capital, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro es la disolución del INTERAPAS porque no se puede mantener un organismo con ese historial de deficiencias y falta de transparencia, que sería como perpetuar un ciclo de ineficiencia y premiar actos de corrupción que perjudican directamente a los ciudadanos.
Agregó que la disolución de INTERAPAS es el inicio de un proceso de reconstrucción para crear un nuevo modelo de gestión del agua, en donde sea una prioridad la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
“Este nuevo modelo debe basarse el principio de eficiencia, sostenibilidad y equidad, garantizando que el acceso al agua sea un derecho fundamental para todos los ciudadanos”.
Finalmente, el legislador Gámez Macías señaló que iniciará con consultas a la población para establecer un listado de usuarios sin servicio de agua potable, con el fin de iniciar amparos o recursos legales para obligar al organismo a cumplir con su función.
“Vamos a iniciar con una serie de consultas a la población para saber quiénes tienen agua y quiénes no. Y bueno, por supuesto promover los recursos legales necesarios, vamos a promover amparos colectivos para obligar al organismo a que preste este servicio”.