Las organizaciones que integran el Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno del Estado determinaron darle luz verde al Acuerdo  y aportaron elementos para fortalecer al mismo, por el que se expedirán las bases sobre las cuáles se buscará evitar la contratación de empresas o personas físicas que facturen operaciones simuladas, esto en la nonagésima primera sesión del organismo.

El Gobierno del Estado a través de la Contralor General del Estado, José Gabriel Rosillo Iglesias presentó en sesión anterior al  Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública el proyecto de Acuerdo con el que se establecerán requisitos necesarios para prevenir el empadronamiento y contratación de empresas y personas que realicen operaciones inexistentes o que su domicilio reportado fiscalmente no exista o corresponda con el real.

De igual forma el Acuerdo establece los mecanismos de operación que deberán seguir  los servidores públicos que intervengan en las contrataciones para actuar de acuerdo en lo establecido en la legislación vigente en la materia.

Con la finalidad de transparentar la contratación y adquisición de bienes o servicios destinados a obra pública, la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí como enlace del Gobierno Estatal, escucho las observaciones realizadas sobre el proyecto de Acuerdo por parte de los integrantes del Consejo, para así sumar estas  y  proceder a publicar este instrumento en el Periódico Oficial, con el que se creará un padrón único de proveedores y se hará más rigurosa la expedición de la Cédula del Registro Estatal Único de Contratistas.

En la evaluación del Acuerdo participaron distintos organismos civiles y empresariales de San Luis Potosí como la Barra Mexicana de Abogados, Colegio San Luis Potosí;  Colegio de Contadores Públicos, la Cámara de la Construcción, la Conferencia Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de la Industria y Transformación; quienes junto a la asociación civil Ciudadanos Observando aportaron observaciones importantes para fortalecer el Acuerdo en cuestión.

El Acuerdo tiene como objeto inhibir operaciones con empresas presuntamente “fantasmas” y establecer filtros rígidos que ayuden a la rápida detección de empresas ilocalizables, sumando esfuerzos con las dependencias encargadas de inhabilitar a aquellas que no hayan cumplido cabalmente  de acuerdo a lo establecido.