El Alcalde de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios reafirmó su pronunciamiento de investigar a fondo y sancionar a quienes hayan incurrido en anomalías en la administración capitalina, luego que la Auditoría Superior de la Federación – ASF-, solicitó la aclaración del destino más de 6 millones de pesos entregados como parte del FORTASEG en 2018.

Precisó que esta observación de la ASF, corresponde a la revisión del referido año que incluyen los últimos 9 meses de la pasada gestión y sólo tres de la actual, no obstante, reafirmó su postura de que se investigue hasta las últimas consecuencias, “ésta pero igualmente, las 11 denuncias interpuestas por el presente Gobierno Municipal por el saqueo de más de mil millones de pesos en contra de la población potosina”.

Aunque puntualizó que la actual administración ha solventado las observaciones de las dependencias fiscalizadoras y además aplica el Reglamento de Control Interno, se revisará de todas maneras otras observaciones para detectar si hay alguna falla para corregirla y dar aviso a la Auditoría; “todo dentro del marco de la legalidad porque nosotros no actuamos con procedimientos ilícitos como sí lo hicieron en el trienio anterior”.

No obstante, Xavier Nava fue enfático que en caso de detectar la comisión de un delito se procederá con todo el peso de la ley, y a la par, se continuará con la aplicación de medidas internas para evitar errores y no haya observaciones por parte de los entes tanto estatales como federales.

Acerca del juicio político, el Presidente Municipal dijo que no se trata de un asunto político, “sino de un análisis de los méritos propios de las denuncias y de cómo funcionan los procedimientos y de que se respeten las reglas. Ya la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos en su recomendación establece claramente que no hubo responsabilidad o implicación para el Presidente Municipal, por ello la importancia de hablar con causa”.

De ahí que Nava Palacios hizo un exhorto al Congreso del Estado a que realice un trabajo exhaustivo en cuanto a solicitudes de juicio político, sobre todo cuando están debidamente sustentadas y documentadas.