Ecuador, julio 2026.- En Ecuador, cerca de 20.000 personas requieren terapias
de reemplazo renal para vivir, las cuales son recibidas a través de centros de
diálisis públicos y privados para abastecer la demanda de pacientes actuales,
siendo una responsabilidad del Estado el poder garantizar este tipo de
atenciones, pues la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una enfermedad
catastrófica.
La situación de los pacientes invita a mirar más allá de la coyuntura y abre una
conversación sobre el futuro del sistema de salud ecuatoriano frente al
crecimiento de las enfermedades crónicas y de alta complejidad. La atención se
brinda en centros especializados privados que forman parte de la Red Pública
Integral y Complementaria de Salud mediante convenios con el Estado, un
modelo que pone de relieve la importancia de contar con mecanismos de
financiamiento oportunos para garantizar la continuidad de tratamientos
esenciales para miles de familias.
En julio de 2026, organizaciones de pacientes renales y clínicas dializadoras
mantienen el llamado para dar solución sostenida a esta situación que pone en
riesgo miles de vidas, dado que la inestabilidad de los líderes del sector ha sido
tan cambiante, que no hay garantizas que apoyen el avance en la regularización
de los pagos y garantizar la sostenibilidad de la atención especializada, pues la
salud sigue siendo un tema de prioridad. De acuerdo con estos colectivos, la
deuda acumulada con los prestadores supera los USD 400 millones, una cifra
que evidencia la necesidad de consolidar mecanismos financieros acordes con
la creciente demanda de servicios de alta complejidad, no se ha logrado conciliar
una respuesta consistente para el pago de la creciente deuda y garantía de
desfinanciamiento de este sector.
El caso de las clínicas dializadoras ofrece una oportunidad para fortalecer la
planificación del sistema de salud; a medida que aumenta la prevalencia de
enfermedades crónicas, crece la necesidad de asegurar la continuidad de los
tratamientos especializados y consolidar un modelo capaz de responder de
manera oportuna y sostenible a las necesidades de la población.
La importancia de este tema ya había sido advertida en septiembre de 2024,
cuando la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional
aprobó un informe de fiscalización en el que señaló que la deuda con las clínicas
dializadoras, SOLCA y otros prestadores de la Red Complementaria incidía en
la continuidad de los tratamientos y en el acceso oportuno a los servicios de
salud.
Este escenario impulsa al octavo Ministro de Salud a que mantenga una
conversación y la búsqueda de una solución real del fortalecimiento del
financiamiento, la planificación y la articulación entre la red pública y
complementaria que contribuirá a garantizar la continuidad de la atención y a
responder con mayor capacidad a una demanda creciente de servicios
especializados.
