Los 59 asambleístas de la Revolución Ciudadana y los 236 asesores 1 y 2, y asistentes de sus despachos pagaron la multa de $18.000, que les impuso el TCE, a Luisa González, Andrés Arauz y Estefanía Molina. Esa multa del organismo electoral fue por «irregularidades administrativas y de financiamiento en la campaña electoral de 2023». La disposición para la contribución obligatoria de la bancada RC5 fue del 15% de sus salarios y llegó por mensaje a los asesores jurídicos del correísmo, dijo una fuente. Los honorables, que ganan $4.779, dieron $716,85, cada uno. Los asesores, nivel 1, que reciben $3.014, $452,10, cada uno; los asesores, nivel 2, que tienen un mensual de $2.545, pagaron $381,75, cada uno. Mientras que los asistentes, con un sueldo de $1.394, entregaron $209,10, cada uno. En total, todos ellos aportaron $116.165,10, es decir, que con eso se podrían pagar hasta seis veces la multa impuesta por el TCE y quedaba dinero. Es evidente que no fue necesario hacer rifas solidarias, tal como anunció González en un video. Sin embargo, dos funcionarias del despacho de la asambleísta por la provincia de Pichincha, Jahiren Noriega, no pagaron la cuota impuesta por la RC5: la primera, una asistente embarazada; la segunda, una asesora hospitalizada con cáncer y una enfermedad catastrófica. A eso suma que ella es opositora al expresidente venezolano, Nicolás Maduro. La presidenta de la organización política Gabriela Rivadeneira ordenó solicitar a Noriega que despida a la asesora porque no pagó la contribución obligatoria, dijo una fuente. Pero Noriega se negó a cumplir esa disposición porque va contra sus principios. Incluso mostró los exámenes médicos de la funcionaria, pero Rivadeneira le contestó que «no le interesa y que la despida», señaló la fuente. La coordinadora de la bancada Patricia Núñez denunció el caso de Noriega al Comité de Ética de la RC5, que se reunió y decidió convocar a Jahiren Noriega este martes, «por incumplir con la orden de desvinculación de una trabajadora y después de haber dialogado y no llegado a un acuerdo. La posible sanción es la expulsión del movimiento por incurrir en una falta grave». Pero está prohibido exigir cobros de cuotas a los servidores legislativos por la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), artículo 163, numeral 4. Si se prueba esto en el Comité de Ética de la Asamblea, la sanción es la destitución del asambleísta. Además, está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 281: un legislador o funcionario que cobre cuotas indebidas o diezmos a su personal incurre en el delito de concusión, que es sancionado con de tres a cinco años de cárcel. Sin embargo, esos no son los únicos problemas entre la bancada de la RC5 y Rivadeneira. La cabeza de la organización «ordenó por teléfono a la bancada correísta oponerse a todo en la Ley para agilizar las adopciones que fue aprobada esta semana», explicó la fuente. Esto ocurrió en una reunión del bloque afuera del Pleno de la Asamblea, allí Núñez les repetía lo que decía Rivadeneira, contó la fuente. Pero 30 legisladores correístas votaron a favor del proyecto que se convirtió en ley. Algunos de ellos le replicaron que «era absurdo oponerse a una ley que es buena». También esos 30 legisladores pasarán por el Comité de Ética de la RC5, por «no cumplir la orden de oponerse a todo», subrayó la fuente.
