Las plataformas digitales se constituyeron en una de las vías de acceso a bienes y servicios habituales para los ciudadanos; es un tema que irrumpió desde hace varios años en nuestra realidad. Sin embargo, a partir de la crisis sanitaria su presencia se recrudeció y con ello salieron a la luz, de manera importante, una serie de problemas asociados a esta nueva forma de trabajar que no estaba considerada de manera explícita en la legislación, consideró la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González Contró.
“La realidad va más aprisa que la posibilidad que tienen los órganos legislativos de establecer marcos jurídicos adecuados, para regular estas realidades emergentes”. Si bien esa labor es un área de oportunidad para numerosas familias –pues representa el acceso a un ingreso mediante el uso de esos medios digitales–, también constituye un reto importante en materia de protección social debido a sus características.
Al inaugurar el “Foro sobre Plataformas Digitales y Seguridad Social del Futuro”, organizado por el IIJ y las empresas DiDi, Uber, Rappi y Beat, González Contró indicó:
Esta entidad académica abrió sus puertas al debate donde estuvieron representadas todas las voces, en particular el análisis académico, político y jurídico sólidos, a partir de una perspectiva de reflexión, a efecto de generar propuestas que tiendan a garantizar los derechos de las personas trabajadoras de esas plataformas y que les garantice la seguridad social y los derechos laborales reconocidos en la Constitución y en las leyes que, por supuesto, son obligatorios.
Destacó que en espacios como este se pueden generar políticas públicas que sean eficaces, que se traduzcan en una legislación que proteja las garantías de los individuos y que no limite esta nueva posibilidad de ingresos.
Ocupación nueva
Víctor Carreón Rodríguez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), refirió que como parte de las investigaciones que se realizan en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas de esa entidad académica, se concluyó que durante la pandemia el uso de plataformas digitales evitó el desplazamiento de los usuarios a farmacias, tiendas, supermercados, etcétera, lo que contribuyó al distanciamiento social y con ello se evitó casi un millón de contagios.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al cierre de 2020 eran casi 250 mil personas repartidoras de este sistema, mientras que al concluir el segundo trimestre de 2022 existían más de 300 mil, argumentó.
La mayoría, 80 por ciento, son jóvenes menores de 44 años, lo que no ocurre en otras actividades; en nivel escolar cuentan con secundaria completa, eso los hace diferentes. En cuanto a los ingresos, perciben de uno a dos salarios mínimos diarios.
La propuesta del CIDE sería definir las actividades de plataformas digitales como una ocupación nueva en la legislación. “Si no lo hacemos, tendremos problemas. Es necesaria una regulación innovadora para tener una actividad de reciente incursión en la economía, sin inhibir incentivos a nuevas inversiones”.
Las plataformas digitales representan herramientas tecnológicas que dinamizan a la sociedad y a la economía, como intermediarias entre quienes ofrecen servicios y aquellos que lo requieren. Rompieron el paradigma laboral y empoderan a las personas para ejercer sus derechos y su libertad, aseveró Vicente Roqueñí López, director senior de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas de América Latina Hispanohablantes de DiDi.
Su evolución continuará de forma acelerada y, probablemente, los modelos antiguos de ocupación dejarán de existir. De esa manera, 80 por ciento de quienes deciden generar ingresos a través de esa modalidad valoran su flexibilidad; es decir, son libres de elegir si las utilizan o no; si usan más de una plataforma a la vez; cuántas horas le dedican al día; determinan las zonas geográficas en las que trabajarán. “Sin duda, deciden ser dueños de su tiempo”.
Puntualizó que las aproximaciones regulatorias laborales de las plataformas digitales en el mundo son incipientes y contradictorias. Como resultado de ello se han observado tres tendencias: una regulación laboral rígida; la creación de nuevas categorías de trabajadores; y la libre elección del tipo de relación.
Saúl Gómez, fundador del colectivo Ni un repartidor menos, destacó que los distribuidores de la plataforma DiDi obtuvieron logros como: mejoras en el seguro de protección 24 horas después del último pedido; protección y servicio a trabajadores que utilizan motocicleta, en caso de falla o falta de combustible; además de respaldar a las mujeres repartidoras en casos de acoso.
Legislar al vapor, en torno a la situación de este tipo de trabajadores, podría traer consecuencias para todos. Estamos de acuerdo con una regulación o legislación que significarían mejoras sustanciales, “pero no se puede adecuar en un cuadrado, como es la Ley Federal de Trabajo, un círculo como este nuevo sistema de trabajo. Debemos construir, avanzar y, sobre todo, poner a trabajar a las instituciones: Secretaría del Trabajo e IMSS, que aprendan a ser flexibles y no ser un modelo rígido”.