La vicepresidente y analista de Moody’s, María del Carmen Martínez Richard, envió un reporte a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para aclarar que esta empresa no emitió ninguna declaración sobre la situación económica en la que se encuentra San Luis Potosí y otras entidades.

Al informar lo anterior, el secretario de Finanzas estatal, José Luis Ugalde Montes, mostró el documento que se dio por parte de la calificadora con un reporte anexo ofreciendo una disculpa porque la empresa no emitió dicho comunicado. Precisó que el saldo de la deuda pública al 30 de abril de este año, asciende a 4 mil 327.4 millones de pesos.

Conforme al análisis que realiza la agencia Moody´s sobre la distribución de los recursos públicos San Luis Potosí cumple cabalmente con todos los requerimientos de la ley que recientemente puso en marcha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con un índice menor al 15 por ciento de endeudamiento satisfactorio de los ingresos a su disposición.

La ley del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 prevé erogaciones correspondientes para el pago de deuda pública así como para el pago de las contraprestaciones de las asociaciones público privadas por un monto de 430.9 millones de pesos.

Indicó que las agencias de calificación crediticia que revisan las finanzas del Estado son Fitch Ratings, HR Ratings y Verum, y en el último reporte de Fitch emitido el 26 de diciembre del 2016 la calificación fue grado “A (mex)”, con perspectativa de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores y obligaciones en el mismo país.

Las otras dos emitieron “A-” significa que el emisor ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio

Moody’s reconoce en su informe que, con dicha ley sí existe una mayor transparencia sobre cómo se están distribuyendo los recursos de las arcas locales, pues ya están obligadas a registrar sus créditos de corto y largo plazo, así como el registro de las inversiones en las asociaciones público-privadas.

El registro de cada movimiento estará disponible en el portal de la SHCP, el cual también servirá como un mecanismo para asegurar que las entidades cumplan con los límites de deuda impuestos por la legislación, se lee en el estudio de la calificadora.

Agrega que, el impacto de la ley en los próximo tres a cinco años dependerá de su implementación asegurada mediante sanciones creíbles. Detalla que hasta el momento sólo Querétaro, Yucatán y San Luis Potosí cumplen cabalmente con todos los requerimientos de la ley.

“Los estados tienen ciertas obligaciones nuevas bajo la ley que debieron incluirse en sus presupuestos del 2017. Estas obligaciones incluyen resultados financieros de los últimos cinco años, proyecciones para los siguientes cinco años, estudios actuariales e información sobre pensiones y la creación de un fondo para desastres naturales”, finaliza.