México necesita contrapesos y ahí los organismos autónomos juegan un papel fundamental, afirmó la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena.

“Debemos proceder con apego a derecho, al marco legal y priorizar el carácter técnico, no político, de este Instituto”, añadió al participar en la Mesa de Diálogo con el INAI, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.

A su vez, el director de esa entidad académica, Miguel Armando López Leyva, quien fungió como moderador, refirió: “en la democracia es fundamental la separación y el equilibrio de poderes, así como el control y vigilancia de los poderes públicos”.

Organismos como el INAI tienen una labor importante, pues están llamados a garantizar la transparencia de las acciones públicas y de gobierno, lo cual debería conducir a que todo acto esté justificado y permita a la ciudadanía entender las razones por las cuales se procede de cierto modo; eso no es un asunto menor en un régimen democrático, detalló.

Al retomar su mensaje, la comisionada presidenta manifestó que en el debate público no se ha posicionado la centralidad de la transparencia para la democracia; debemos trabajar en ello.

Se piensa como un elemento que robustece a la democracia y no como dos conceptos “simbióticos e indisociables”. En diferentes espacios se ha planteado que ni la democracia procedimental, ni la sustantiva, son posibles sin transparencia, recalcó.

El debate en torno a estos y otros temas, prosiguió, permite desarrollar una agenda compartida, socializar el papel de la transparencia para la democracia, y la construcción de herramientas metodológicas para que la ciudadanía pueda utilizar y operar los derechos que tutela el Instituto.

Hay organizaciones que trabajan para lograr que la sociedad se apropie del derecho a saber y lo utilice, y que al mismo tiempo los servidores públicos no lo vean como una amenaza, sino como oportunidad, externó.

Ibarra Cadena definió uno de los retos que debe superar el organismo a su cargo: aunque tiene relevancia internacional, reconocimiento al modelo institucional y al marco legal, tenemos que seguir profesionalizando al INAI y a las Unidades de Transparencia, y que al implementar el servicio profesional de carrera el capital humano permita ejercer nuestras funciones y tareas de manera óptima.

Y acotó: En ocasiones se dice que “el INAI no quiso dar la información”; pero no es una “bodega” que la contenga. El organismo actúa cuando hay una negativa de las autoridades o sujetos obligados (más de ocho mil a nivel nacional, de los tres niveles del gobierno) y determina si debió haberse entregado. Quien de origen la niega es la autoridad. En eso se ha confundido a la población, en lo que el Instituto no hace ni tiene.

Como comisionada soy la primera en hacer un análisis autocrítico y encontrar qué hay que fortalecer, atender mejor las tareas operativas internas y de conexión directa con los sujetos obligados, entre otros aspectos.

En la sesión, Jacqueline Peschard Mariscal, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia, alertó que la reglamentación en materia de transparencia tiene 20 años, y en ese lapso se ha visto que el gran público está alejado de los beneficios de tener información.

“Los grupos que la utilizan son los mismos de entonces: periodistas, académicos, investigadores, empresarios, quienes tienen necesidad de tener los datos a la mano”. Pero falta que el acceso a esta sea reconocido por el público en general como un derecho que es útil para la población.

“Quienes sabemos el valor del acceso a la información no hemos sido suficientemente enfáticos en difundir que ese derecho de las personas debe ser defendido, y de qué manera contrarrestar el acoso y el asedio de la coalición gobernante”, aclaró.

Además, la invasión de la privacidad o el robo de la identidad pueden causar daños irreparables; sin embargo, no hay conciencia de esto. No puede ser sólo una tarea del INAI, otros tienen responsabilidad en el tema, y no sólo los usuarios del acceso a la información, sino los partidos políticos y las organizaciones, finalizó.