El Congreso del Estado aprobó el dictamen de la iniciativa promovida por el diputado Rubén Guajardo Barrera, para Reformar el párrafo segundo del artículo 1º, y el párrafo segundo del artículo 36; ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Privada para el Estado de San Luis Potosí.
Guajardo Barrera explicó que la finalidad de estas reformas es, establecer que los servicios de seguridad privada, tengan como eje central a la persona y sus derechos humanos, y que tal perspectiva se refleje en la capacitación del personal operativo adicionando nuevos principios en consonancia con la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.
Explicó que el Congreso realizó una reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de San Luis Potosí, introduciendo el concepto de seguridad ciudadana, que privilegia la observación y ejercicio de los derechos humanos.
Se trata de un nuevo enfoque moderno, que está centrado en las garantías, y que debe estar presente en todas las actuaciones de las corporaciones de seguridad pública, orientándolas en la preservación del Estado de Derecho.
Asimismo, el marco legal, reconoce a los prestadores privados de servicios de seguridad, y cuentan con una Norma que los regula, la Ley de Servicios de Seguridad Privada para el Estado de San Luis Potosí; en la que se reconoce su carácter auxiliar y la obligación de coadyuvar en los casos establecidos por la Ley.
También, se consigna que los servicios de seguridad privada que se presten en el estado, deben de apegarse también a los lineamientos básicos de la seguridad en la entidad, lo que, por supuesto, incluye al enfoque de derechos humanos; en consecuencia, dicha perspectiva ya está presente en la Ley, a través de las disposiciones en materia de capacitación.
Guajardo Barrera, indicó “no debemos dejar de considerar la importancia de los derechos humanos en el contexto de la seguridad ciudadana, que es el paradigma que ahora debe guiar las actuaciones de las autoridades en el rubro; por lo tanto, la perspectiva garantista debe reforzarse también en el quehacer de la seguridad privada, reflejando la nueva orientación del Marco Jurídico local”.
Puntualizó que con esta reforma se garantiza que los servicios de seguridad privada, tengan como eje central a la persona y sus derechos humanos, observando y respetando el ejercicio de los derechos de ciudadanía con perspectiva de género, las libertades y los derechos fundamentales, así como el fomento de una cultura de paz. Y la forma de llevar tales principios a la práctica, es a través de la reforma de los criterios de la capacitación de los elementos de seguridad privada.
Con este dictamen, se propone, que dichos programas tengan la finalidad de que el personal operativo se conduzca bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, previstos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, fundamentando una nueva actitud, coherente con los principios actuales de las labores de seguridad en el estado.