La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, presentó la Conferencia Magistral “Proceso de Reforma Democrática del Poder Judicial”, donde señaló que la apertura en la elección de cargos de las personas juzgadoras, permitirá brindar mejores resultados a la sociedad en impartición de justicia y una mejor aplicación de recursos públicos.
“Es un reto que nos implica a los juristas del país, para los poderes del estado una forma de demostrar que los mexicanos somos capaces de crear instituciones novedosas para resolver los retos de las problemáticas contemporáneas; la reforma judicial del tamaño que la estamos llevando a cabo, resolverá la necesidad democrática para abrir su composición, su integración a la participación ciudadana”.
Indicó que 20 estados de la República han iniciado la elección de juezas y jueces en el 2025, como es el caso de San Luis Potosí, que realizarán su elección el próximo 1 de junio, junto con las elecciones federales.
Explicó que la necesidad de esta reforma judicial, partió primeramente de la percepción de la justicia en México por parte de la ciudadanía, donde de acuerdo a cifras del INEGI en los años 2021-2023, ubica en segundo lugar la desconfianza en la actuación de jueces; y de acuerdo a datos del Proyecto de Justicia Mundial 2008, en el caso de México se encuentra en el lugar 116 del índice de derecho de 142.
Destacó que en los diversos foros que se realizaron para la evaluación de estas reformas, la ciudadanía expresó la percepción sobre los resultados de la impartición de justicia en México como cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, clasista, sexista, racista, corrupta y parcial y al Poder Judicial, como un insensible, oneroso, elitista, invasor de facultades, y abusivo.
Señaló que en el aspecto presupuestal, el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación es más oneroso que en otros países como Estados Unidos, Alemania o España; además, que se violenta la reforma constitucional que indica que ningún funcionario puede recibir una mayor percepción que el titular del Ejecutivo del Estado, ya que de 2559 personas adscritas a algún ente público de la Federación en este supuesto, 2377 pertenecen al Poder Judicial de la Federación y 182 a organismos constitucionales autónomos.
Señaló que en los casos de las consultas indígenas, “afortunadamente la reforma aprobada y publicada al artículo 2° constitucional ya se dice que solamente las comunidades y los pueblos indígenas pueden reclamar la realización de consultas indígenas y lo mismo en el caso de normas o actos que afecten a personas con discapacidad”.
Agregó que se estará al pendiente de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral en relación a la realización del procedimiento para la jornada de elección, “donde vamos avanzando positivamente, y yo estoy segura que con la apertura y la noción de que los poderes judiciales de los estados y la República no tienen un dueño o un conjunto de dueños, y que la comunidad jurídica puede postularse a los diferentes cargos, vamos a tener un mejor Poder Judicial”.
En sus intervenciones, los diputados Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política y Carlos Artemio Arreola Mallol, coincidieron la importancia de esta Conferencia para favorecer la participación y el conocimiento sobre la realización de la reforma al Poder Judicial, con una mayor claridad de la elección judicial que se avecina.
Posteriormente en conferencia de prensa, la ministra Lenia Batres afirmó que en el recorrido que ha hecho por varios estados del país ha encontrado mucho entusiasmo e interés entre los ciudadanos porque se sabía nada del Poder Judicial, qué hacía, quiénes los integraban, qué instancias, cómo funcionaba, cuáles son sus competencias, y se asumió que era un poder lejano al pueblo.
“He constatado es este interés grandísimo en sectores muy populares, en sectores académicos, en sectores profesionales, en comunidades urbanas, pero también en comunidades rurales; es un tema también del ejercicio ciudadano, es decir, al ser un poder público que tiene obligaciones de ley, pues la posibilidad de opinar, escrutar qué significa el Poder Judicial para mucha gente representa un nuevo ejercicio de facultad ciudadana que empieza justamente por la información que se tenga”.
Efectivamente, dijo, es un experimento arriesgado en tanto es nuevo, ese riesgo no es negativo, es absolutamente positivo; “lo que sea que salga de esta próxima elección en la que incluso se han puesto porcentajes y se dice de repente que no habrá más votación que la que hubo, por ejemplo, en la revocación de mandato o ejercicios similares, no lo sé, en este momento lo desconocemos, pero aún y fuera una votación de esos porcentajes hay una ganancia enorme y es este inicio de ejercicio del voto de las personas juzgadoras de nuestro país”.