La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades del Poder Judicial, tanto federal como estatal, para que fortalezcan los protocolos y acciones necesarias para dar cumplimiento cabal al Código Penal Federal, en materia de Cohabitación Forzada de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.

También se exhorta respetuosamente a las autoridades del Gobierno del Estado de San Luis Potosí a impulsar la implementación de políticas públicas y programas específicos para MUITF (El matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y/o forzadas), atendiendo el enfoque territorial; así como reforzar las acciones de difusión sobre todo en comunidades indígenas y marginadas, para evitar la comisión de delitos relacionados con la Cohabitación Forzada de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.

Estas acciones,  tienen la finalidad de visibilizar y hacer frente a la problemática que representa el matrimonio o uniones forzadas de los menores de edad, niñas y adolescentes, debido a que en diversas ocasiones aquellos que ejerzan sobre ellos la patria potestad, tutela y guarda y custodia, trasgreden de manera negativa los derechos humanos de las niñas y adolescentes.

Naciones Unidas define el matrimonio forzado como aquél “en el cual falta el libre y válido consentimiento de por lo menos uno de los dos contrayentes. En su forma más extrema el matrimonio forzado puede entrañar comportamiento amenazador, rapto, encarcelamiento, violencia física, violación, y, en algunos casos homicidios”. 

Por otro lado en nuestro país según “la información de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, permite distinguir que el matrimonio infantil persiste en México y que la cifra en el caso de las niñas hablantes de alguna lengua indígena actualmente duplica a la nacional (12 frente a 6 por cada mil). 

“Las niñas y adolescentes de las regiones más pobres de México se ven mayormente afectadas por el matrimonio infantil y las uniones a temprana edad, tal es el caso de la Región Sur”.

De esta forma, la responsabilidad de erradicar los matrimonios forzados y de garantizar la autonomía y libertad  es tripartita: de las comunidades indígenas, de la sociedad y, sobre todo, del Estado; pues resulta necesario visibilizar que, cuando se trata de violencia de género, se está ante vulneraciones de derechos de las que el Estado puede tener responsabilidad

El Punto de Acuerdo se turnó para su análisis a  la Comisión Primera de Justicia.