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Junta de Acreedores caso Proinco presentó acción de Hábeas Data para obtener información sobre estado de liquidación de empresas

● La Junta de Acreedores Caso Proinco y el accionista mayoritario de Mingacorp S.A. gestora de La Yapa, Maktradecorp gestora de Proinco Inmobiliaria y Encaisser gestora de cobranzas demandaron a la Superintendencia de Compañías y al liquidador de las empresas. Ellos no han entregado la información de las empresas en liquidación solicitada desde hace 8 meses. ● Los afectados del caso Proinco no han recibido información por más de 10 años, mientras las empresas aún se mantienen en liquidación. Por ello conformaron la Junta de Acreedores para la defensa de sus derechos constitucionales. ● La Junta de Acreedores Caso Proinco es una sociedad de hecho que agrupa a cerca de 300 acreedores. Se creó 07 de julio de 2025 y está presidida por Pedro Galindo. La Junta de Acreedores Caso Proinco, que agrupa a unos 300 afectados, presentó una acción de hábeas data contra la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el liquidador designado por este organismo, con el fin de obtener el acceso completo, oportuno y verificable a la información de la liquidación de las empresas Maktradecorp, Encaisser y Mingacorp, relacionadas al Caso Proinco. Desde octubre de 2025, la Junta solicitó formalmente la información a la Superintendencia de Compañías y al liquidador de las empresas sobre los balances, los inventarios y las gestiones realizadas dentro del proceso de liquidación. A pesar de la insistencia de la Junta de Acreedores a través de oficios y reuniones mantenidas con el liquidador, la información no ha sido entregada por lo que se ha visto obligada a acudir a la justicia constitucional, confirmó Pedro Galindo, presidente de la Junta. “Con la firma de 17 acreedores verificados, junto a nuestro equipo legal y la participación del accionista mayoritario hemos iniciado esta acción de hábeas data con el único fin de acceder a la información. Durante 10 años, los acreedores hemos esperado respuestas. Hoy hemos decidido avanzar mediante acciones organizadas, responsables y sustentadas jurídicamente”, señaló Galindo. “Esta acción de hábeas data no pretende confrontar personas ni anticipar decisiones judiciales. Buscamos transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, porque conocer la situación real de los activos, balances, cartera, fideicomisos y procesos de liquidación es un derecho de los acreedores”. JUNTA DE ACREEDORES CASO PROINCO DESDE 07 DE JULIO 2025 1 Av. Colón E4-412 y Av Amazonas Edificio Arista – 4 Piso Oficina 402. Los demandados en esta acción de hábeas data son: el liquidador designado por la Superintendencia de Compañías, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, la Intendenta Regional de Compañías, Valores y Seguros de Quito; y el Procurador General del Estado. Mauricio Calderón, abogado que representa a la Junta de Acreedores caso Proinco, recalcó al finalizar la audiencia “que lo único que busca la acción de hábeas data es acceder a la información sobre la liquidación de las empresas. No tiene que ver con la situación judicial de nadie. Han pasado más de 10 años y la Superintendencia de Compañías no ha entregado ningún tipo de información”. Calderón agregó que “los acreedores, quienes tienen un interés real sobre la liquidación de las empresas que actualmente manejan sus acreencias, no conocen nada. La Superintendencia de Compañías apenas ha entregado dos documentos mínimos, de cinco hojas cada uno, donde solo hay información de dos empresas, no de las tres involucradas. Sin embargo, su abogado reconoció frente al juez que poseen incluso informes trimestrales. Esperaremos la decisión que tome la justicia”. Por su parte, Pedro Galindo, señaló que “la presentación de este hábeas data demuestra que los acreedores estamos presentes, organizados y comprometidos. Somos personas de la tercera edad en su mayoría, de las cuales algunas tienen discapacidad y otros sucedimos a nuestros familiares fallecidos; pero, estamos dispuestos a ejercer nuestros derechos de manera pacífica y respetuosa”. “Tenemos el derecho legítimo de conocer qué ha ocurrido con la liquidación de las empresas. Confiamos en la independencia de la justicia constitucional y respetaremos las decisiones que se adopten”, concluyó.

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